CASOSAISLADOS

La Fiscalía de Castellón solicita una pena de prisión de once años y una multa de 1,3 millones para el exvicepresidente de la Diputación con Carlos Fabra y exalcalde de Vall d'Alba Francisco Martínez por la compraventa irregular de terrenos para beneficio propio utilizando información privilegiada.

Martínez ya fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón a ocho meses de cárcel y dos años de inhabilitación para cargo público por un delito de negociación prohibida a funcionario por el caso de la depuradora de Borriol.

A raíz de informaciones aparecidas en ese juicio, la Fiscalía inició una investigación para determinar si existía delito en la vinculación de la compra de terrenos por parte de Martínez y sus empresas beneficiándose de su condición de alcalde.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, Martínez se puso de acuerdo con Raúl Babiloni y con Andrea Martínez, hija de Martínez, ambos investigados en el caso de la depuradora de Borriol (aunque finalmente fueron absueltos), para obtener un beneficio económico.

Los tres se concertaron entre 2005 y 2014 con la finalidad de "obtener ilícitos beneficios usando la información reservada y privilegiada" de la que tenía conocimiento Martínez sobre tres PAI en la localidad, dos de ellos promovidos por la empresa Cavilga.

En uno de los programas urbanísticos, el de Mas de Lluna, se proyectó un nuevo sector residencial con un complejo turístico con campo de golf y hoteles.

Así, con la información privilegiada con la que contaba Martínez, los tres adquirieron fincas relacionadas con los programas en unos casos directamente y en otras por medio de sociedades instrumentales (Gestintur SL, Transportes y Excavaciones Babiloni SL, Prodever SL y Franvaltur).

La finalidad, según Fiscalía, era "obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico, o reservarlas a nombre de las sociedades instrumentales para cuando los programas se ejecutaran".

La Fiscalía estima que Francisco Martínez conocía el valor urbanístico de las fincas relacionadas con los PAI no solo por haber intervenido en su génesis y tramitación municipal, sino también por haber efectuado ventas de determinadas fincas de titularidad municipal a Cavilga SL relacionadas con el programa del Mas de Lluna.

Los tres hicieron numerosas compraventas de terrenos en los que sabían que se iban a desarrollar actividades urbanísticas y que se revalorizaban a veces en pocos días. Las empresas de las que eran socios obtuvieron un beneficio patrimonial con numerosas fincas que los tres aportaron a las mismas.

Para la fiscalía, los hechos son constitutivos de los supuestos delitos de uso de información privilegiada, delito continuado de negociaciones prohibidas, fraude administrativo, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionario y malversación de caudales públicos.

Se acusa a Martínez de los delitos de uso continuado de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionario, fraude administrativo con malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales y se pide para él once años de prisión y 1.314.400 euros de multa.

A Babiloni se le imputa el uso de información privilegiada y fraude administrativo con malversación de caudales públicos y el fiscal solicita una pena de cinco años de prisión y multa de un millón de euros.

En cuanto a Andrea Martínez, el fiscal le acusa de los delitos de uso continuado de información privilegiada por particular y se pide para ella una multa de un millón de euros.

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